Francia prohíbe las redes sociales a los menores de 15 años

"Los cerebros de nuestros niños y adolescentes no están en venta. Sus emociones no están en venta ni para ser manipuladas." Con estas palabras, el presidente francés Emmanuel Macron ha resumido la idea que ha empujado una de las leyes más comentadas del año. Su mensaje describe las redes sociales como lo que muchos expertos llevan tiempo denunciando: un territorio prácticamente sin reglas, un espacio salvaje donde plataformas estadounidenses y algoritmos diseñados al milímetro compiten por quedarse con la atención —y las emociones— de los más jóvenes. Frente a eso, Francia ha decidido plantar cara.

El pasado 21 de julio de 2026, la Asamblea Nacional aprobó por 279 votos a favor y 81 en contra la prohibición de las redes sociales para menores de 15 años. Con ello, Francia se convierte en el primer país de la Unión Europea en dar este paso. Y hace bien.

Para entender por qué esta ley era necesaria, hay que mirar lo que ocurre al otro lado de la pantalla. Las redes son un escaparate cuidadosamente editado donde todo el mundo parece más guapo, más rico y más feliz que tú.

Ese escaparate hace daño de formas concretas. Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) son quizá el ejemplo más doloroso. Ver un desfile interminable de cuerpos "perfectos", retocados y filtrados, empuja a muchas adolescentes —y cada vez más adolescentes chicos— hacia la anorexia, la bulimia o una relación tóxica con la comida. No es una exageración. Durante el debate francés, una madre, Gaëlle Berbonde, contó cómo su hija sufrió autolesiones, anorexia y depresión después de recibir su primer móvil. Historias así se repiten en cada instituto.

A los cuerpos se suma otra trampa: la comparación socioeconómica. En el feed conviven el viaje de lujo del influencer de turno, la ropa de marca del compañero de clase y el setup que cualquier gammer querría tener. Para un chaval de 13 años, esa comparación permanente entre "lo que tengo", "lo que tienen los demás" y "lo que quiero tener" genera frustración, sensación de fracaso y una presión constante por aparentar un nivel de vida que ni existe ni le corresponde.

Los datos acompañan al diagnóstico: en Francia, uno de cada dos adolescentes pasa entre dos y cinco horas diarias con el móvil, el 90 % de los jóvenes de 12 a 17 años se conecta cada día y más de la mitad lo hace específicamente para redes sociales. Como advierte el psicólogo José Antonio Luengo, "mirar hacia otro lado supone una irresponsabilidad".

La medida es clara y tiene un calendario definido. Desde el 1 de septiembre de 2026, coincidiendo con la vuelta al cole, los menores de 15 años no podrán crear cuentas nuevas en plataformas como TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook o YouTube. A partir de enero de 2027, tampoco valdrán las cuentas ya existentes, con un plazo de unos cuatro meses para cerrarlas.  Para hacerlo cumplir, las plataformas deberán implantar un sistema de verificación de edad supervisado por el regulador francés de protección de datos. 

Para los críticos de la medida esto es coartar la libertad. Sería mejor "educar en el uso" en lugar de prohibir, dicen. La educación digital es imprescindible, nadie lo discute. Pero pedir que un niño de 12 años se enfrente en solitario, y bien armado, a sistemas diseñados por ingenieros de las empresas más poderosas del mundo para engancharle es, sencillamente, una estupidez. A los menores no les dejamos conducir, ni beber alcohol, ni firmar contratos, y no por desconfianza, sino porque hay decisiones y entornos para los que aún no están preparados. Poner una edad mínima en las redes va en esa misma línea de sentido común. 

Y aquí llega la pregunta incómoda para nuestro país. Porque España no puede seguir mirando hacia otro lado.

El Gobierno lo sabe. En febrero de 2026, Pedro Sánchez ya reconoció que "nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos, un espacio de adicción, abusos, violencia, pornografía, manipulación", y llegó a proponer prohibir el acceso a las redes a los menores de 16 años. Incluso participó en la reunión que Macron convocó con otros líderes europeos para coordinar estas medidas. Las palabras, por tanto, ya están dichas. Solo falta aquello que la clase politica dirigente más le cuesta: actuar.

Mientras Francia legisla y actúa, en España sigue sin dar respuesta. Cada mes que pasa sin una ley firme es un mes más de adolescentes atrapados entre filtros, comparaciones y ansiedad. La clase política española —Gobierno y oposición, sin distinción de siglas— tiene ante sí una responsabilidad que no admite excusas ni cálculos electoralistas: proteger a los menores no debe ser materia de debate partidista, sino un mínimo común.

Francia ha demostrado que la voluntad y determinación política cambian vidas. Ahora le toca a España decidir si quiere ir por delante protegiendo a sus menores o seguir por detrás, contando los daños. La salud mental de toda una generación depende de que nuestros dirigentes dejen de insultarse y empiecen, de una vez, a actuar por bien de los jóvenes.